Gobernadores que no debieron serlo
Por: León
Valencia - semana.com
OPINIÓN:
Ni los partidos fueron capaces de retirarles el aval, ni el gobierno nacional y
la opinión pública pudieron detener su elección.
Las
revelaciones de estos días sobre los gobernadores de Sucre, Julio Guerra
Tulena; de Magdalena, Luis Miguel Cotes, y de Cesar, Luis Alberto Monsalvo
Gnecco, me han hundido en una terrible decepción. Sobre los riesgos de corrupción
o de compromiso con las mafias de estas personas había advertido en los meses
previos a su elección.
También
había llamado la atención sobre Cielo González de Huila, Nelson Mariño de
Casanare y Héctor Fabio Useche, gobernadores destituidos. Prendí las alarmas
sobre el gobernador de La Guajira, Kiko Gómez Cerchar, e hice anotaciones
preocupantes sobre los gobernadores de Santander, Richard Aguilar, y de Arauca,
José Facundo Castillo.
Las
investigaciones sobre las elecciones de 2011, realizadas por un calificado
grupo de profesionales encabezados por Claudia López, decían que estas
personas, de ser elegidas, podrían causar un grave daño a los departamentos por
sus antecedentes personales o por los grupos familiares y políticos que los
rodeaban. Alertamos al gobierno, a los partidos políticos, a la opinión pública
con datos y testimonios recogidos con mucho juicio y ponderación en las
regiones.
Nos
sometimos a diatribas y amenazas, a demandas y duras controversias. Para nada.
Ni los partidos fueron capaces de retirarles el aval, ni el gobierno nacional y
la opinión pública pudieron detener su elección. He sentido el asombro de
muchos periodistas ante la decisión de la Gobernación de Sucre de entregarle
una vez más el negocio del chance a una empresa de Enilse López, alias La
Gata.
También
ante tan descarada asignación del contrato para construir la llamada vía de la
prosperidad al Consorcio Ribera Este, proceso en el cual el gobernador Cotes
desoyó todos los llamados y los cuestionamientos del gobierno nacional y de la
Controlaría General de la Nación. El influyente e incisivo Julio Sánchez Cristo
se la jugó toda para detener estos contratos y nada pudo. El Tiempo criticó
severamente la actitud de las gobernaciones. ¿Por qué estos gobernadores se
atreven a desafiar a instituciones nacionales y a poderosos medios de
comunicación?
¿Por qué
las mafias del contrabando y el narcotráfico están haciendo su agosto en Cesar
con la complacencia del gobernador Monsalvo Gnecco, tal como lo denuncia en un
documentado artículo de la Silla Vacía? ¿Por qué Kiko Gómez sigue
tan campante en La Guajira después de que SEMANA le dedicó una portada y un
artículo con graves y sustentadas acusaciones? Nada les importa. Están
dispuestos a todo. Han descubierto que la acción política contra ellos o las
decisiones de la Justicia no llegan nunca o lo hacen cuando tienen las manos
llenas de dinero y han construido una aterradora trama de poder.
Al
presentar las investigaciones que advertían el riesgo de que estas personas
llegaran al poder en estas regiones, decíamos que los compromisos que tenían
con grupos herederos de la parapolítica y con mafias de la contratación
llevarían irremediablemente a que sus mandatos estuviesen rodeados de
escándalos y cuestionamientos. Ocurrió primero con los gobiernos de Valle,
Huila y Casanare, ocurre ahora con los de la Costa. Todo esto se habría evitado
si los partidos, los organismos electorales y el gobierno nacional hubiesen
actuado a tiempo. Los costos para las instituciones son enormes. Me entristece
y me decepciona esta situación.
El caso
del triángulo compuesto por La Guajira, Cesar y Magdalena es alarmante. Cada
día es más un territorio de nadie. Tuvimos la ilusión de que la desmovilización
de alias Jorge Cuarenta y de Hernán Giraldo, lo mismo que los juicios a un
importante grupo de dirigentes políticos que se aliaron con ellos, sería el
comienzo de la reinstitucionalización de la región y de la normalización de la
vida democrática en estos territorios. No ha ocurrido así. Otros líderes
políticos ligados a las mafias han tomado la batuta, otros clanes y grupos
mafiosos están controlando el territorio traspasando la frontera y llegando
hasta Maracaibo.
De los
gobernadores de Arauca y Santander no se conocen aún escándalos importantes.
Ojalá no ocurran. Pero la condena a Hugo Aguilar, padre del mandatario de los
santandereanos, ratifica los nexos de esta familia con el fenómeno de la
parapolítica. También una significativa función de advertencia realizada por la
contralora, Sandra Morelli, al gobernador de Arauca a propósito del contrato de
la remodelación y readecuación del hospital San Vicente revive el temor al
fantasma de la corrupción.
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